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Tecnociencia para la sostenibilidad

Existe un consenso creciente acerca de la necesidad y posibilidad de dirigir los esfuerzos de la investigación e innovación hacia el logro de tecnologías favorecedoras de un desarrollo sostenible, incluyendo desde la búsqueda de nuevas fuentes de energía al incremento de la eficacia en la obtención de alimentos, pasando por la prevención de enfermedades y catástrofes, el logro de una maternidad y paternidad responsables o la disminución y tratamiento de residuos, el diseño de un transporte de impacto reducido, etc. Ello exige superar la búsqueda de beneficios particulares a corto plazo que ha caracterizado, a menudo, el desarrollo tecnocientífico, así como la idea simplista de que las soluciones a los problemas con que se enfrenta hoy la humanidad dependen, fundamentalmente, de tecnologías más avanzadas, olvidando que las opciones, los dilemas, a menudo son fundamentalmente éticos.

Cuando se plantea la contribución de la tecnociencia a la sostenibilidad, la primera consideración que es preciso hacer es cuestionar cualquier expectativa de encontrar soluciones puramente tecnológicas a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad. Pero, del mismo modo, hay que cuestionar los movimientos anti-ciencia que descargan sobre la tecnociencia la responsabilidad absoluta de la situación actual de deterioro creciente. Muchos de los peligros que se suelen asociar al “desarrollo científico y tecnológico” han puesto en el centro del debate la cuestión de la “sociedad del riesgo”, según la cual, como consecuencia de dichos desarrollos tecnocientíficos actuales, crece cada día la posibilidad de que se produzcan daños que afecten a una buena parte de la humanidad y que nos enfrentan a decisiones cada vez más arriesgadas (López Cerezo y Luján, 2000).
No podemos ignorar, sin embargo, que, como señala el historiador de la ciencia Sánchez Ron (1994), son científicos quienes estudian los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad, advierten de los riesgos y ponen a punto soluciones. Por supuesto no sólo científicos, ni todos los científicos. Por otra parte, es cierto que han sido científicos los productores de, por ejemplo, los freones que destruyen la capa de ozono. Pero, no lo olvidemos, junto a empresarios, economistas, trabajadores, políticos… La tendencia a descargar sobre la ciencia y la tecnología la responsabilidad de la situación actual de deterioro creciente, no deja de ser una nueva simplificación maniquea en la que resulta fácil caer. Las críticas y las llamadas a la responsabilidad han de extenderse a todos nosotros, incluidos los “simples” consumidores de los productos nocivos (Vilches y Gil, 2003). Y ello supone hacer partícipe a la ciudadanía de la responsabilidad de la toma de decisiones en torno a este desarrollo tecnocientífico. Hechas estas consideraciones previas, podemos ahora abordar más matizadamente el papel de la tecnociencia.
Existe, por supuesto, un consenso general acerca de la necesidad de dirigir los esfuerzos de la investigación e innovación hacia el logro de tecnologías favorecedoras de un desarrollo sostenible (Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, 1988; Gore, 1992; Daly, 1997; Flavin y Dunn, 1999…), incluyendo desde la búsqueda de nuevas fuentes de energía al incremento de la eficacia en la obtención de alimentos, pasando por la prevención de enfermedades y catástrofes, el logro de una maternidad y paternidad responsables o la disminución y tratamiento de residuos, el diseño de un transporte de impacto reducido, etc.
Es preciso, sin embargo, analizar con cuidado las medidas tecnocientíficas propuestas y sus posibles riesgos, para que las aparentes soluciones no generen problemas más graves, como ha sucedido ya tantas veces. Pensemos, por ejemplo, en la revolución agrícola que, tras la Segunda Guerra Mundial, incrementó notablemente la producción gracias a los fertilizantes y pesticidas químicos como el DDT. Se pudo así satisfacer las necesidades de alimentos de una población mundial que experimentaba un rápido crecimiento... pero sus efectos perniciosos (pérdida de biodiversidad, cáncer, malformaciones congénitas...) fueron denunciados ya a finales de los 50 por Rachel Carson (1980). Y pese a que Carson fue inicialmente criticada como “contraria al progreso”, el DDT y otros “Contaminantes Orgánicos Persistentes” (COP) han debido ser finalmente prohibidos como venenos muy peligrosos, aunque, desgraciadamente, todavía no en todos los países. Un debate similar está teniendo lugar hoy en día en torno al uso de los transgénicos (ver biodiversidad) o de las nanotecnologías, portadoras de muchas más esperanzas que todas las tecnologías hasta hoy conocidas (con extraordinarias aplicaciones informáticas, médicas, industriales, ambientales…), pero también de los mayores peligros (su tamaño les permite atravesar la piel, penetrar las células hasta su núcleo…) (Bovet, 2008, pp 58-59).
Conviene, pues, reflexionar acerca de algunas de las características fundamentales que deben poseer las medidas tecnológicas para hacer frente a la situación de emergencia planetaria. Según (Daly, 1997) es preciso que cumplan lo que denomina “principios obvios para el desarrollo sostenible”:
• Las tasas de recolección no deben superar a las de regeneración (o, para el caso de recursos no renovables, de creación de sustitutos renovables).
• Las tasas de emisión de residuos deben ser inferiores a las capacidades de asimilación de los ecosistemas a los que se emiten esos residuos.
Por otra parte, como señala el mismo Daly, “Actualmente estamos entrando en una era de economía en un mundo lleno, en la que el capital natural o “capital ecológico” será cada vez más el factor limitativo” (Daly, 1997). Ello impone una tercera característica a las tecnologías sostenibles:
• “En lo que se refiere a la tecnología, la norma asociada al desarrollo sostenible consistiría en dar prioridad a tecnologías que aumenten la productividad de los recursos (…) más que incrementar la cantidad extraída de recursos (…). Esto significa, por ejemplo, bombillas más eficientes de preferencia a más centrales eléctricas”.
• A estos criterios, fundamentalmente técnicos, es preciso añadir otros de naturaleza ética (Vilches y Gil-Pérez, 2003) como son:
• Dar prioridad a tecnologías orientadas a la satisfacción de necesidades básicas y que contribuyan a la reducción de las desigualdades, como, por ejemplo:
o Fuentes de energía limpia (solar, geotérmica, eólica, fotovoltaica, mini-hidráulica, mareas… sin olvidar que la energía más limpia es la que no se utiliza) y generación distribuida o descentralizada, que evite la dependencia tecnológica que conlleva la construcción de las grandes plantas.
o Incremento de la eficiencia para el ahorro energético (uso de bombillas fluorescentes de bajo consumo o, mejor, diodos emisores de luz LED; cogeneración, que supone la obtención simultánea de energía eléctrica y energía térmica útil, aprovechando para calefacción u otros usos el calor que habitualmente se disipa…). Todo ello en un escenario “negavatios” que rompa el hasta aquí irrefrenable crecimiento en el uso de energía.
o Gestión sostenible del agua y demás recursos básicos.
o Obtención de alimentos con procedimientos sostenibles (agriculturas alternativas biológicas o agroecológicas, que recurren, por ejemplo, a biofertilizantes y biopesticidas, o al enriquecimiento del suelo con “biochar” o “agrichar”, a base de carbón vegetal, que hace la tierra más porosa y absorbente del agua).
o Prevención y tratamiento de enfermedades, en particular las pandemias como el sida, que está diezmando la población de muchos países africanos, o las nuevas enfermedades asociadas al desarrollo industrial
o Logro de una maternidad y paternidad responsable que evite embarazos no deseados y haga posible una cultura demográfica sostenible.
o Prevención y reducción de la contaminación ambiental, así como tratamiento adecuado de los residuos para reducir su impacto.
o Regeneración de entornos.
o Reducción de desastres, como los provocados por el incremento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos atmosféricos extremos que acompaña al cambio climático…
o Reducción del riesgo y empleo de materiales “limpios” y renovables en los procesos industriales, utilización de técnicas basadas en los principios de la Química Sostenible (www.unizar.es/icma/divulgacion/quimica%20verde.html) también denominada Química Verde o Química para la sostenibilidad.
• Aplicar el Principio de Precaución (también conocido como de Cautela o de Prudencia), para evitar la aplicación apresurada de una tecnología, cuando aún no se ha investigado suficientemente sus posibles repercusiones, como ocurre con el uso de los transgénicos o de las nanotecnologías. Nos remitimos a este respecto a las “Pautas para aplicar el principio de precaución a la conservación de la biodiversidad y la gestión de los recursos naturales”, diseñadas por The Precautionary Principle Project, en el que ha trabajado un amplio grupo de expertos de diferentes campos, regiones y perspectivas (ver http://www.pprinciple.net/). Con tal fin se han introducido –aunque tan solo están vigentes en algunos países- instrumentos como la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA), para prevenir los impactos ambientales de las tecnologías que se proponen, analizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones para su aprobación o no, así como las Auditorías medioambientales (AMA) de las tecnologías ya en funcionamiento para conocer la calidad de sus productos o de sus prestaciones.
Se trata, pues, de superar la búsqueda de beneficios particulares a corto plazo que ha caracterizado, a menudo, el desarrollo tecnocientífico, y potenciar tecnologías básicas susceptibles de favorecer un desarrollo sostenible que tenga en cuenta, a la vez, la dimensión local y global de los problemas a los que nos enfrentamos.
Y es necesario, como señala Sachs (2008, p. 56), formular un compromiso global para “financiar I + D para tecnologías sostenibles, entre ellas las energías limpias, las variedades de semillas resistentes a la sequía, la acuicultura sensata desde el punto de vista medioambiental, las vacunas para enfermedades tropicales, la mejora del seguimiento y la conservación de la biodiversidad (…) para todas las dimensiones del desarrollo sostenible hay una necesidad tecnológica esencial que debe ser apuntalada mediante inversiones en ciencia básica. Y en todos los casos hay una necesidad acuciante de financiación pública que incentive las nuevas tecnologías que nos permitan alcanzar al mismo tiempo los objetivos de elevar la renta global, poner fin a la pobreza extrema, estabilizar la población mundial y propiciar la sostenibilidad ambiental”.
Debemos señalar, además, que existen ya soluciones científico-tecnológicas para muchos de los problemas planteados –aunque, naturalmente, será siempre necesario seguir investigando- pero dichas soluciones tropiezan con las barreras que suponen los intereses particulares o las desigualdades en el acceso a los avances tecnológicos, que se acrecientan cada día.
Es lo que ocurre, por ejemplo, con el IV Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, 2007) dedicado a las medidas de mitigación del problema, en el que se afirma que hay suficiente potencial económico para controlar en la próximas décadas las emisiones de gases de efecto invernadero, o con el problema, más concretamente, de los recursos energéticos: como muestra un reciente informe difundido por Greenpeace en http://energia.greenpeace.es/) hoy es técnicamente factible la reestructuración del sistema energético para cumplir objetivos ambientales y abastecer el 100 % de la demanda energética total, en el 2050, con fuentes renovables: eólica, solar, biomasa… Sin embargo se sigue impulsando el uso de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón (Duarte Santos, 2007), pese a su contribución al cambio climático, o se presenta la energía nuclear de fisión –igualmente dependiente de yacimientos minerales no renovables y escasos- como alternativa, dado que no contribuye al efecto invernadero, ignorando los graves problemas que comporta (ver contaminación sin fronteras y reducción de desastres). Cabe saludar a este respecto la creación en 2009 de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), cuyo cometido es asesorar y ayudar a los distintos países en materia de política energética y fomentar las energías renovables, que incluyen ya una gran variedad de realizaciones y prometedoras perspectivas (eólica, fotovoltaica, geotérmica, mareomotriz, mini-hidráulica, producida aprovechando las algas, solar espacial, solar termodinámica, termo-oceánica o maremotérmica, undimotriz o de las olas, etc.).
Surgen así nuevos debates sociales, como el que plantea el uso de los biocombustibles o agrocombustibles, como el bioetanol y el biodiésel: por una parte es indudable que constituyen una forma de energía limpia, que no contribuye al incremento del efecto invernadero (puesto que el CO2 que emiten lo absorben previamente las plantas dedicadas a la agroenergía). Por otra, están impulsando el uso de maíz, soja, etc., que era destinado al consumo humano y provocando deforestaciones para contar con nuevas superficies de cultivo, contribuyendo además al incremento de los costes en la industria alimentaria. Los biocombustibles son, pues, a la vez, una promesa (si se aprovechan deshechos orgánicos o se cultivan tierras baldías) y un serio peligro si desvían cultivos necesarios para la alimentación o contribuyen a la destrucción de los bosques y a la pérdida de biodiversidad. Todo ello está promoviendo la investigación en alternativas que no generen problemas en la industria alimentaria, que mejoren el rendimiento energético y que reduzcan aún más las emisiones de dióxido de carbono: se trata de los denominados biocombustibles de segunda generación que se producen a partir del aprovechamiento de gramíneas, paja, desechos agrícolas, residuos orgánicos humanos y del resto de animales, etc.
También ha generado debate la propuesta de enriquecimiento del suelo con “biochar” o “agrichar”, a base de carbón vegetal pulverizado, que hace la tierra más porosa y absorbente del agua. Mientras para algunos se trata de una tecnología de probada eficiencia, utilizada por pueblos amerindios durante centenares de años, para otros se trata de un ejemplo de geo-ingeniería, tan peligrosa como la que suponen los agrocombustibles.
Otro debate reciente es el surgido en torno a la fertilización de los océanos del Hemisferio Sur, que presentan una insuficiencia del hierro necesario para hacer crecer las plantas marinas (fitoplancton) que pueden absorber el CO2 y llevarlo a las profundidades de los océanos. Para algunos expertos se trata de una medida tan necesaria y eficaz como la reforestación de los bosques, pero otros argumentan que el resultado puede ser justo el contrario perseguido. De momento hay demasiadas dudas acerca de la eficacia y seguridad de la medida para que se permitan ensayos a gran escala.
Uno de los debates más importantes gira en torno al elevado coste de la aplicación de estas tecnologías para hacer frente al cambio global que el planeta está experimentando; pero como ha mostrado el Informe Stern, encargado por el Gobierno Británico en 2006 a un equipo dirigido por el economista Nicholas Stern (Bovet et al., 2008, pp 12-13), así como otros estudios de conclusiones concordantes, si no se actúa con celeridad se provocará en breve plazo una grave recesión económica mucho más costosa. La sociedad sueca ha reaccionado ya con un acuerdo fruto del trabajo conjunto de investigadores, industriales, funcionarios gubernamentales, sindicatos, etc., para lograr una sociedad sin petróleo (Bovet et al., 2008, pp. 70-71).
Todo ello viene a cuestionar, insistimos, la idea simplista de que las soluciones a los problemas con que se enfrenta hoy la humanidad dependen, fundamentalmente, de tecnologías más avanzadas, olvidando que las opciones, los dilemas, a menudo son fundamentalmente éticos (Aikenhead, 1985; Martínez, 1997; García, 2004). Se precisan también medidas educativas y políticas, es decir, es necesario y urgente proceder a un replanteamiento global de nuestros sistemas de organización, porque estamos asistiendo a un deterioro ambiental que amenaza, si no es atajado, con lo que algunos expertos han denominado “la sexta extinción” ya en marcha (Lewin, 1997), de la que la especie humana sería principal causante y víctima (Diamond, 2006). A ello responde el llamamiento de Naciones Unidas para una Década de la Educación para un futuro sostenible.
Referencias en este tema “Tecnociencia para la sostenibilidad”
AIKENHEAD, G. S. (1985). Collective decision making in the social context of science. Science Education, 69(4), 453-475.
BOVET, P., REKACEWICZ, P, SINAÏ, A. y VIDAL, A. (Eds.) (2008). Atlas Medioambiental de Le Monde Diplomatique, París: Cybermonde.
CARSON, R. (1980). Primavera Silenciosa. Barcelona: Grijalbo.
COMISIÓM MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL DESARROLLO (1988). Nuestro futuro común. Madrid: Alianza.
DALY, H. (1991) Steady-State Economics (Washington D.C., Island Press).
DIAMOND, J. (2006). Colapso. Barcelona: Debate
DUARTE SANTOS, F. (2007). Que Futuro? Ciência, Tecnología, Desenvolvimento e Ambiente. Lisboa: Gradiva.
FLAVIN, C. y DUNN, S. (1999). Reinvención del sistema energético. En Worldwatch Institute, La situación del mundo 1999. Barcelona: Icaria.
GARCÍA, E. (2004). Medio ambiente y sociedad. Madrid: Alianza.
GORE, A. (1992). La Tierra en juego. Ecología y conciencia humana. Barcelona: Ed. Emecé.
INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (2007): Working Group III Report: Mitigation of Climate Change, In “Climate Change 2007” IPCC, Fourth Assessment Report (AR4). Accesible en: [Consulta: Julio 2010].
LEWIN, R. (1997). La sexta extinción. Barcelona: Tusquets Editores.
LÓPEZ CEREZO, J. A. y LUJÁN, J. L. (2000). Ciencia y política del riesgo. Madrid: Alianza.
MARTÍNEZ, M. (1997). Consideraciones teóricas sobre educación en valores. En Filmus D. (compilador). Las transformaciones educativas en Iberoamérica. Tres desafíos: democracia, desarrollo e integración. Buenos Aires: Ed. Troquel.
SÁNCHEZ RON, J. M. (1994). ¿El conocimiento científico prenda de felicidad? En Nadal J. (Ed.), El mundo que viene, 221- 246. Madrid: Alianza.
SACHS, J. (2008). Economía para un planeta abarrotado. Barcelona: Debate.
VILCHES, A. y GIL-PÉREZ, D. (2003). Construyamos un futuro sostenible. Diálogos de supervivencia. Madrid: Cambridge University Press. Capítulo 12.
Cita recomendada
VILCHES, A., GIL PÉREZ, D., TOSCANO, J.C. y MACÍAS, O. (2010). «Tecnociencia para la sostenibilidad» [artículo en línea]. OEI. ISBN 978-84-7666-213-7. [Fecha de consulta: dd/mm/aa].

Algunos enlaces de interés este tema “Tecnociencia para la sostenibilidad”
Agencia Europea de Medio Ambiente
Asociación de productores de Energías Renovables
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, Ministerio de Educación y Ciencia (CIEMAT)
Centro Nacional de Energías Renovables
Departamento de Desarrollo Sostenible de la FAO
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE):
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Sector eléctrico, Gasista, Hidrocarburos y Energías Renovables
Naciones Unidas Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
OEI, Sala de Lectura del programa CTS+I, Sociedad del Riesgo
Plataforma Internacional de Bioenergía (FAO)
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Energía y Medio Ambiente:
Proyecto Principio de Precaución
Renovables 2050, Informe Greenpeace
Red Española de Química Sostenible (RED QS):
Royal Society of Chemistry, Green Chemistry Network

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