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domingo, 22 de mayo de 2011

Pisotean los derechos indígenas en todo el continente

El 25 de marzo de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conoció tres casos de violación del derecho de los pueblos indígenas en una audiencia regional titulada “Jurisdicción indígena y derechos humanos”. El organismo resaltó que la violación del derecho a la jurisdicción indígena, reconocido en el derecho internacional, constituye una manifestación del derecho a la autonomía de los pueblos indígenas.
El Convenio 169 establece que los pueblos indígenas tienen derecho a controlar sus instituciones y formas de vida, su derecho consuetudinario y sus métodos de control de delitos. La Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007) reconoce que los sistemas jurídicos indígenas son parte de su autonomía o libre determinación.
Sin embargo, las rondas campesinas del Perú, una forma de administración de justicia y solución de conflictos de familia, robo, abigeato, homicidios, contaminación ambiental, entre otros casos, han sido denunciadas ante las autoridades como delito de secuestro, usurpación de funciones u otros, habiendo más de mil autoridades ronderas y miembros de comunidades criminalizados.
Otro ataque a la jurisdicción indígena en Perú es el de la Comunidad nativa “Tres Islas”, conformada por familias del pueblo Shipibo y Ese´eja en el departamento de Madre de Dios. La comunidad decidió controlar el ingreso de taladores y mineros a su territorio. Empresas transportistas respondieron presentando un hábeas corpus por libertad de tránsito.
A fines de 2010, el Ministerio de Energía y Minas de Perú adjudicó 14 nuevos lotes de potencial petrolífero en la Amazonía a transnacionales, sin tener en cuenta los criterios de los nativos, con el argumento de que la Ley de Consulta Previa no había entrado en vigor.
En Venezuela, la lucha por territorio de las comunidades Yukpa en la Sierra de Perijá ha merecido una violenta ofensiva gubernamental y de sectores ganaderos. A pesar de que el caso tuvo lugar en territorio indígena y que las dos partes involucradas han invocado el respeto a la jurisdicción indígena, establecida en la Constitución y la ley, las autoridades venezolanas han vulnerado este derecho.
Se denunció que los dirigentes del movimiento Sabino Romero, Alexander Fernández y varios de sus familiares han sido torturados y sometidos a tratos degradantes por parte de efectivos militares y policiales. El 5 de mayo, el Grupo Venezuela dentro del Parlamento Indígena de América analizó un plan de trabajo para atender las demandas puntuales de los pueblos originarios. Los recién designados presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes acordaron acelerar la funcionalidad del ente que por varias razones no había sesionado antes.
El gobierno Venezolano decidió aprobar una reforma parcial del decreto presidencial 7855, que adscribió a la Vicepresidencia de la República la Comisión Nacional de Demarcación de Tierras y Hábitat Indígenas. La normativa establece que el despacho del vicepresidente Elías Jaua dirigirá el trabajo del equipo, destinado a garantizar la conservación y el reconocimiento de las formas de vida de los pueblos originarios.
Por otro lado, el 21 de abril de 2011 la CIDH solicitó al gobierno de Argentina que adopte una medida cautelar en favor de la comunidad indígena qom, para garantizar “la integridad física” de sus miembros, así como también el regreso de su cacique Félix Díaz a su hogar.
La intervención del organismo internacional fue requerida por la Defensoría General de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en diciembre del año pasado, tras la represión que sufrió el pueblo originario el 23 de noviembre de 2010, cuando murieron el indígena Roberto López y el policía Heber Falcón. Los originarios fueron desalojados y reprimidos cuando se manifestaban en la ruta 86 por la recuperación de 1.300 hectáreas de territorios ancestrales.
La CIDH pidió al gobierno argentino que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física” de los qom “contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales”.
De otra parte, la CIDH de la OEA solicitó al gobierno de Brasil la suspensión inmediata del licenciamiento y construcción de la represa de Belo Monte, en el estado de Pará, argumentando que el proyecto podría perjudicar los derechos humanos de las comunidades de la cuenca del río Xingú.
El 1 de abril la CIDH emitió la Medida Cautelar 382/10 a favor de los indígenas de Arara de la Volta Grande do Xingu; Juruna de Paquiçamba; Juruna del "Kilómetro 17"; Xikrin de Trincheira Bacajá; Asurini de Koatinemo; Kararaô y Kayapó de la tierra indígena Kararaô; Parakanã de Apyterewa; Araweté del Igarapé Ipixuna; Arara de la tierra indígena Arara; Arara de Cachoeira Seca; y de las comunidades indígenas en aislamiento voluntario de la cuenca del Xingu.
La faraónica obra que el gobierno de Brasil pretende construir en el río Xingu se convertiría en la tercera represa más grande del mundo, con una potencia de 11.200 mw y a un costo aproximado de 11 mil millones de dólares. La CIDH exige realizar "procesos de consulta, en cumplimiento de las obligaciones internacionales de Brasil, y da plazo de 15 días al gobierno brasileño para que informe sobre el cumplimiento de la resolución. También pide a Brasil que adopte medidas urgentes para proteger la vida e integridad personal de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en la cuenca del Xingú, además prevenir la diseminación de enfermedades y epidemias entre las comunidades tradicionales afectadas por la obra.
En Chile, los líderes mapuches Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche fueron sentenciados a penas de entre 20 y 25 años de cárcel por los delitos de robo con intimidación y homicidio frustrado, durante un supuesto ataque al fiscal Mario Elgueta en 2008. El fallo condenatorio se basa en la ley antiterrorista impuesta por el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).
El 3 de mayo, la Corte Suprema de Chile acogió un pedido de anulación del juicio contra los cuatro mapuches y fijó para el próximo 3 de junio su veredicto frente al recurso de nulidad del juicio.
El relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas James Anaya visitará Costa Rica del 25 al 27 de abril a fin de conocer la polémica surgida en torno a un proyecto hidroeléctrico rechazado por los indios Térraba porque afectaría su reserva territorial.
El pueblo indígena de Térraba demandó el 21 de marzo al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en un intento por frenar la construcción de la hidroeléctrica, con el argumento de que inundará 6.800 hectáreas de su reserva indígena obligando a cerca de 1.100 personas a desplazarse.
La demanda fue interpuesta ante un tribunal Contencioso Administrativo por la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Térraba, que además asegura que el ICE ocupa ilegalmente sus tierras protegidas por ley y convenios internacionales.
En Colombia, la Corte Constitucional emitió la Sentencia T-129 el 3 de marzo de 2011, ordenando realizar en forma debida la consulta buscando obtener el consentimiento previo, libre e informado en torno tres proyectos: la construcción de una carretera, la interconexión eléctrica binacional Colombia-Panamá y una concesión minera. El histórico fallo ordena detener la ejecución de esos proyectos en tanto no se realicen las consultas correspondientes a los pueblos indígenas afectados.
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional colombiana dictaminó que “es necesario que el Estado de forma articulada garantice e incentiva la aplicación real y efectiva del derecho fundamental a la consulta previa de los pueblos indígenas, pues ante todo las herramientas que subyacen a la consulta permiten conciliar posiciones y llegar a un punto intermedio de diálogo intercultural en el que los pueblos ejerzan su derecho a la autonomía con sus planes propios de vida frente a los modelos económicos basados en la economía de mercado o similares”.
La carretera Acandí-Unguía, de 4 kilómetros de extensión, atraviesa dos resguardos indígenas. El Ministerio de Transportes no exigió la licencia ambiental ni realizó la consulta previa con las comunidades afectadas por las excavaciones, cuneras y drenajes que afectan la estabilidad de las viviendas indígenas.
El proyecto de interconexión eléctrica binacional Colombia-Panamá involucra la instalación de una línea eléctrica de más de más de 3,400 metros. La empresa encargada de la obra ingresó al resguardo para hacer mediciones y determinar puntos georeferenciados, sin consultar a las comunidades. La concesión de 40 mil hectáreas de INGEOMINAS al municipio de Acandí tampoco cumplió con la consulta previa. El proyecto, a cargo de la empresa Gold Plata Corporation, está en fase de exploración.
El Tribunal Superior del Chocó y la Corte Suprema argumentaron que no se puede atentar contra el “interés general” y el “progreso” para proteger a “un grupo”. La Sentencia T-129 de la Corte Constitucional de Colombia señala textualmente que “no se puede anteponer en abstracto el interés general y la visión mayoritaria que se tenga del desarrollo o el progreso que traen las obras de infraestructura cuando dichas intervenciones se desarrollan en territorios indígenas o étnicos”.
“Lo que está de por medio no es sólo la expectativa de recibir ciertos beneficios económicos por un proyecto económico, sino entender y reconocer que lo que está en juego es el presente y futuro de un pueblo, de un grupo humano que tiene derecho a auto-determinarse y defender su existencia física y cultural”, agrega el fallo.
Además, la Corte precisa que “no se puede obligar a una comunidad étnica a renunciar a su forma de vida y cultura por la mera llegada de una obra de infraestructura o proyecto de explotación y viceversa”.
Notas:
[1] En su 141 período ordinario de sesiones, del 21 de marzo al 1 de abril de 2011, la CIDH recibió información alarmante sobre el grave impacto del cambio climático ocasionado por actividades humanas sobre el goce de los derechos humanos. El fenómeno afecta especialmente a regiones de montañas, donde el deshielo, la pérdida masiva de glaciares y los aumentos en la temperatura media global dificultan el acceso al agua, reducen la producción de alimentos y crean nuevas enfermedades. Por otro lado, la CIDH decidió crear una Relatoría sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos con el fin de dar mayor visibilidad a la importancia del su trabajo. El relator encargado es el comisionado José de Jesús Orozco Henríquez. Se aprobó un borrador de reforma del Artículo 11 de su Reglamento, abierto para la consulta y comentarios de los Estados y de la sociedad civil hasta el 1 de junio de 2011. Por otro lado, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH condenó el crimen contra el periodista Héctor Francisco Medina Polanco, administrador y presentador del canal Omega Visión, la noche del 10 de mayo en Morazán, departamento de Yoro en Honduras. La Relatoría Especial manifestó su preocupación por la ausencia de avances significativos para esclarecer los 11 homicidios cometidos contra comunicadores en Honduras desde 2009.
[2] Un informe de la Fundación UNIR documentó los casos registrados en el último año. La Coordinadora de Defensa de la Cuenca del Río Desaguadero, Lagos Uru Uru y Poopó (CODERIP) exigió el cumplimiento de varios convenios sobre conservación ambiental y la aprobación de proyectos que mitiguen la contaminación minera de los recursos acuíferos del sur de Oruro. En Challapata se movilizaron para que se prohíba la actividad minera que amenaza la producción agrícola y pecuaria, la base de su economía. La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Oruro (FSUTCO) se declaró en huelga de hambre en rechazo a cualquier solución que implicara pérdida de territorio orureño. Comunarios del Jach´a Suyo Pakajaqi en La Paz también demandaron atención de las autoridades por los altos niveles de contaminación minera en la zona. Comunarios de Valle Nueva Subcentral Tacacoma en La Paz pidieron a la gobernación paceña la concreción de varios convenios de protección ambiental y exigieron a la Cooperativa Minera Frutillani que mitigue los efectos contaminantes de su actividad en la zona. La Federación de Trabajadores Campesinos e Indígenas de la Chiquitania exigió la reversión de las concesiones mineras de la brasileña Votorantim Metais y la reversión de la TCO Pantanal-Otuquis que estaría habitada únicamente por comunidades campesinas.
[3] El 3 de abril de 2008, YPFB y PDVSA firmaron un contrato para la exploración de reservas de hidrocarburos en los bloques Sécure, Madidi, Chispani, Lliquimuni y Chepite, en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Beni. Cuatro de los cinco bloques concesionados YPFB-Petroandina SAM afectan directamente a la reserva Pilón Lajas y al Parque Madidi. Por Ley 3911/08 se autorizó la exploración y explotación de hidrocarburos en la Reserva Pilón Lajas y el Parque Madidi, vulnerando el derecho a la consulta de los pueblos originarios mosetenes, lecos, tacanas y chimanes.
[4] Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA), Organización del Pueblo Indígena Leco y Comunidades de Larecaja (PILCOL), Consejo Regional Tsimane Moseten (CRTM), Pueblo Indígena Quechua Tacana de San José de Uchupiamonas (PIQT-SJU), Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA), Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM), Comunidad Agroecológica Mosetén de Palos Blancos (COPAB) y comunidad Esse Ejja de Eyiyoquibo.
[5] http://hidrocarburos.gob.bo/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=938:procesos-de-consulta-y-participacion-
[6] Aproximadamente medio millar de representantes de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (C-PIB), Central de Pueblos Étnicos Mojeños de Beni (CPEM-B), CIPOAP (Central Indígena de Pueblos Amazónicos de Pando) iniciaron la marcha en Trinidad con rumbo a la ciudad de La Paz. Exigían 12 escaños para 34 pueblos originarios en la Asamblea Legislativa Plurinacional y el respeto del derecho a la autonomía indígena y a la consulta previa. Ministros y autoridades denigraron al “movimiento político aliado de la derecha”. Morales retrucó que “la derecha está usando a algunos hermanos dirigentes para pedir algunos temas que son innegociables. Imagínense, ¿cómo es posible que las tierras fiscales o parques nacionales pasen a manos de indígenas ya sean del oriente o del occidente?”
* Fuente: Boletín N. 95 del Servicio de Noticias Ambientales (SENA-Fobomade).

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